Multas de tránsito, abusos, falta de notificación y derechos del ciudadano

En otro tramo del espacio Derecho a Saber por La Nueva Radio Suárez, el abogado Juan Bautista Luqui se refirió a una problemática que genera enojo, confusión y reclamos permanentes como es el sistema de multas de tránsito. Con una mirada crítica, explicó por qué considera que el régimen actual es caótico, desordenado y muchas veces injusto para los ciudadanos.

Luqui sostuvo que las multas deberían tener como finalidad principal la prevención de infracciones y la educación vial, algo que, a su entender, hoy no se cumple. Por el contrario, afirmó que en muchos casos se utilizan con un fin meramente recaudatorio, transformándose en una especie de impuesto encubierto que municipios y provincias aplican sin criterios claros ni uniformes.

Uno de los puntos más cuestionados fue la falta de notificación al infractor. El abogado relató casos de personas que, viviendo durante décadas en el mismo domicilio, acumularon multas durante años sin recibir aviso alguno. Esta situación, explicó, deja al ciudadano sin posibilidad real de defensa y lo enfrenta de manera sorpresiva a deudas millonarias cuando intenta renovar la licencia o realizar un trámite vehicular.

Durante la entrevista, se abordó también el problema de la prescripción de las multas, un tema que genera interpretaciones contradictorias según se aplique el Código Civil o las normativas provinciales. En general, indicó Luqui, las infracciones prescriben entre dos y cinco años, pero advirtió que muchas jurisdicciones continúan reclamándolas apostando a que el ciudadano desconozca sus derechos y termine pagando.

Otro aspecto preocupante es la existencia de multas erróneas o directamente inventadas, como las generadas por radares mal calibrados, falta de homologación de equipos, patentes mal registradas o incluso autos mellizos. En esos casos, el abogado recomendó realizar reclamos formales y, cuando corresponde, denuncias penales para dejar constancia de la situación y evitar futuros inconvenientes.

Luqui también alertó sobre prácticas especialmente gravosas, como la inhibición para vender bienes que aplican algunas provincias ante infracciones de tránsito, una medida que consideró desproporcionada y ajena al verdadero espíritu del derecho. Explicó que estas inhibiciones pueden generar enormes perjuicios económicos y obligar al ciudadano a realizar trámites costosos y prolongados en otras jurisdicciones.

Finalmente, el abogado reconoció que muchas veces el costo de iniciar un reclamo legal supera el monto de la multa, lo que lleva a que numerosas personas opten por pagar aun cuando saben que la infracción es injusta o incorrecta. En ese contexto, insistió en la importancia de informarse, consultar a un profesional ante la duda y no naturalizar un sistema que, según afirmó, hoy responde más a necesidades recaudatorias que a una verdadera política de seguridad vial.