La salud mental como derecho y el desafío de garantizar un acceso equitativo

En otra edición de “Derecho a Saber”, el abogado Juan Bautista Luqui analizó la salud mental desde una perspectiva jurídica y social, recordando que “ya no es un tema tabú, sino un derecho reconocido por la Constitución y por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657”. En el espacio emitido por La Nueva Radio Suárez, explicó que toda persona tiene derecho a recibir atención psicológica y psiquiátrica gratuita por parte del Estado, a través de hospitales o centros de salud especializados.

Luqui aportó cifras alarmantes: “Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. La mitad de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 30 años”. Para el abogado, el problema no radica solo en la falta de recursos, sino en la escasa prioridad que el Estado otorga a este tema: “No es una cuestión de moda y muchas veces el presupuesto se destina a otros sectores, dejando sin atención a quienes más lo necesitan”.

El letrado subrayó que la ley garantiza la cobertura total de tratamientos, medicación y contención, tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas. “Si una prepaga se niega a cubrir un tratamiento, hay que reclamar. Primero con una nota formal, después ante la Superintendencia de Servicios de Salud y, si es necesario, mediante un amparo judicial. La justicia es muy receptiva en estos casos”, explicó.

También recordó que los procesos judiciales vinculados a la salud mental han cambiado su enfoque: “Antes, una persona con discapacidad mental era declarada ‘insana’ y perdía toda capacidad jurídica. Hoy, el juez determina caso por caso qué puede hacer y qué no, protegiendo sus derechos y su patrimonio”. Este nuevo paradigma, según Luqui, busca evitar abusos, estafas y discriminación, garantizando que cada individuo conserve su autonomía dentro de sus posibilidades.

El abogado destacó, además, el rol del amparo judicial como herramienta eficaz para agilizar trámites demorados y hacer cumplir la ley. “El tratamiento psicológico o psiquiátrico debe ser gratuito y accesible para todos. Si no se cumple, hay que reclamar. Los derechos están para ejercerse, no para guardarse”, concluyó, invitando a quienes atraviesen estas situaciones a consultar siempre con un profesional del derecho.