Derecho a Saber: Juan Bautista Luqui explicó los principales cambios del nuevo régimen penal juvenil
En una nueva edición de su espacio “Derecho a Saber”, el abogado Juan Bautista Luqui abordó los alcances del nuevo régimen penal juvenil, que establece un tratamiento específico para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan delitos. Durante la entrevista en los estudios de La Nueva Radio Suárez, explicó las características del sistema, las medidas previstas según la gravedad de los hechos y los derechos que asisten a los adolescentes durante el proceso judicial.
Luqui señaló que la nueva normativa responde a una realidad social y delictiva diferente a la existente cuando se sancionó el régimen anterior, en la década de 1980. Entre los cambios que mencionó se encuentran las nuevas modalidades delictivas, la problemática de las adicciones y la participación de menores en hechos delictivos.
El abogado aclaró que la incorporación de los adolescentes de 14 años a este régimen no significa que sean enviados a cárceles comunes. La ley establece un sistema diferenciado, con distintas respuestas según la gravedad del delito y las circunstancias particulares de cada caso.
Medidas alternativas y penas según la gravedad del delito
Al explicar cómo funciona el nuevo esquema, Luqui detalló que para los delitos leves, aquellos que contemplan penas de hasta tres años, se prevén medidas alternativas a la privación de la libertad. Entre ellas mencionó la mediación con la víctima, la participación en cursos, la revinculación en instituciones especializadas y otras acciones orientadas a la responsabilidad y la reinserción social.
Para los delitos cuyas penas se ubican entre los tres y los diez años, el tribunal puede considerar medidas que permitan morigerar la privación de la libertad, siempre que no se trate de hechos con resultado de muerte o violencia grave y que el adolescente no registre antecedentes. En estas decisiones también debe escucharse a la víctima.
Entre las alternativas posibles mencionó las restricciones de acercamiento, la prohibición de salir del país, la realización de tareas comunitarias, el monitoreo electrónico y la reparación del daño ocasionado.
En los casos de mayor gravedad puede disponerse una pena privativa de la libertad, aunque el abogado remarcó que los adolescentes no pueden ser alojados en cárceles comunes junto a personas adultas. La privación de libertad debe cumplirse en el domicilio o en instituciones especializadas, según corresponda.
Otro de los puntos que destacó es que el nuevo régimen no contempla la prisión perpetua para menores de edad y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad.
Los derechos de los adolescentes durante el proceso
Luqui hizo especial hincapié en que los adolescentes deben conocer y ejercer las garantías que les corresponden durante el procedimiento judicial.
Entre ellas, mencionó el derecho a contar con asistencia de un abogado desde el inicio del proceso. Si el adolescente no puede afrontar los honorarios de un profesional, el Estado debe garantizarle esa defensa.
También tiene derecho a guardar silencio y a no declarar sin la presencia de su abogado, incluso si manifiesta su voluntad de hacerlo. El letrado explicó que cualquier declaración puede tener consecuencias dentro del expediente y que la asistencia legal resulta indispensable.
Además, señaló que rige el principio de que, ante la duda, debe resolverse a favor del acusado. El proceso contempla también la posibilidad de apelar las decisiones judiciales, mientras que está prohibida la difusión de datos que permitan identificar a un menor de edad involucrado en una causa penal.
En cuanto al entorno familiar, los padres deben ser informados sobre el estado del expediente y mantenerse en contacto con la asesoría tutelar, organismo judicial que interviene para resguardar los intereses de los menores.
El abogado explicó que la detención de un adolescente debe ser excepcional y que, en las primeras etapas, puede disponerse para concretar medidas iniciales del proceso, pero el sistema contempla un tratamiento diferente al de los adultos.
La mediación y la necesidad de instituciones adecuadas
Otro aspecto abordado durante el espacio fue la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos para resolver los conflictos penales. Luqui explicó que la mediación tiene cada vez mayor presencia tanto en procesos de adultos como de adolescentes, ya que permite buscar acuerdos entre la víctima y la persona imputada, por ejemplo, mediante la reparación económica del daño u otras soluciones consensuadas.
Asimismo, mencionó las salidas alternativas previstas para favorecer la reinserción social de quienes atravesaron procesos de privación de la libertad, con el objetivo de facilitar su regreso a la vida comunitaria.
Sin embargo, advirtió que la aplicación efectiva del nuevo régimen depende de que existan instituciones especializadas y adecuadas para alojar y trabajar con adolescentes. “No hay institutos de menores en la Argentina buenos como corresponde”, observó, y expresó su preocupación por las condiciones de los establecimientos en los que podrían cumplirse algunas de las medidas.
En ese sentido, consideró que una normativa que busca la rehabilitación puede perder su propósito si los adolescentes son alojados en ámbitos que no reúnen las condiciones necesarias. También recordó que el objetivo de las penas debe ser la reinserción y no generar que las personas egresen en peores condiciones que aquellas en las que ingresaron.
¿Qué ocurre si el delito se cometió siendo menor y el proceso comienza después?
Durante la entrevista también surgió una consulta sobre la aplicación de la ley cuando un adolescente comete un delito bajo el nuevo régimen, pero el proceso judicial se inicia varios años después, cuando ya cumplió 18 o incluso 20 años.
Luqui explicó que, en ese supuesto, corresponde aplicar el régimen vigente al momento de la comisión del hecho, teniendo en cuenta además el principio de la ley penal más benigna para el acusado.
Finalmente, el abogado señaló que la nueva normativa representa una iniciativa frente a una problemática compleja, atravesada por distintas realidades sociales y delictivas, entre ellas el narcotráfico y la utilización de menores por parte de adultos para cometer delitos.
Más allá de las distintas posiciones que genera el debate sobre la edad de imputabilidad, Luqui planteó que el desafío será observar cómo se implementa el sistema y si logra cumplir con su objetivo de reducir la delincuencia juvenil, garantizando al mismo tiempo los derechos de los adolescentes y las condiciones necesarias para su rehabilitación.
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