Derecho a Saber: Juan Bautista Luqui explicó el rol del abogado penalista y la importancia de garantizar una defensa

En una nueva entrega del espacio de La Nueva Radio Suárez, el abogado Juan Bautista Luqui abordó las particularidades de la defensa penal, el prejuicio social hacia quienes representan a personas acusadas de delitos y las garantías constitucionales que sostienen el derecho a un juicio justo.

En una nueva edición de Derecho a Saber, el abogado Juan Bautista Luqui propuso reflexionar sobre una de las tareas más complejas y, muchas veces, socialmente cuestionadas de la profesión: la del abogado penalista y, particularmente, la del defensor de una persona imputada por un delito.

A partir de situaciones que se presentan en causas de gran repercusión pública, Luqui explicó que quienes asumen la defensa de personas acusadas de hechos graves suelen enfrentar el rechazo social, las críticas y hasta el aislamiento en su vida cotidiana. Sin embargo, remarcó que defender a un acusado no significa compartir sus actos ni ser cómplice de ellos, sino cumplir una función profesional indispensable dentro del sistema de justicia.

“¿Cómo vas a defender a un criminal?”, es una de las preguntas que, según describió, suelen recibir los abogados penalistas. Frente a esa mirada, sostuvo que la tarea del defensor es garantizar que una persona, aun cuando sea acusada de un delito, pueda ejercer plenamente los derechos que le reconoce la Constitución.

Una tarea que comienza desde la detención

Luqui explicó que la intervención del abogado defensor comienza desde los primeros momentos de la actuación judicial, incluso cuando una persona es detenida.

En esa instancia, una de las primeras cuestiones que debe analizar el profesional es la legalidad de la detención, verificando si fue ordenada por un juez competente o si se produjo en una situación de flagrancia.

A partir de allí, el abogado acompaña al imputado en las distintas etapas del proceso, entre ellas las declaraciones, el análisis de las pruebas incorporadas al expediente, las decisiones vinculadas con su libertad y, finalmente, el juicio oral y las instancias de apelación.

Uno de los momentos fundamentales es decidir si el acusado declara o no. El entrevistado recordó que toda persona tiene derecho a no declarar contra sí misma y que nadie puede ser obligado a producir una declaración que la perjudique.

La decisión de prestar declaración, explicó, debe surgir de un análisis estratégico y jurídico del caso. En determinadas circunstancias, puede resultar conveniente declarar para aclarar situaciones; en otras, guardar silencio puede ser la alternativa más adecuada.

También destacó la importancia de controlar las pruebas incorporadas al expediente, que pueden incluir testimonios, pericias, informes médicos y documentación de diversa índole.

La prisión preventiva y la presunción de inocencia

Otro de los aspectos abordados fue la situación de una persona detenida mientras se desarrolla el proceso judicial.

Luqui recordó que el principio general es la presunción de inocencia: una persona no puede ser considerada culpable hasta que exista una sentencia condenatoria. No obstante, explicó que la legislación contempla la posibilidad de disponer prisión preventiva cuando existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

En ese sentido, cuestionó que la sola capacidad económica de una persona pueda interpretarse automáticamente como un indicador de que intentará escapar, y señaló la necesidad de analizar cada situación de manera concreta.

El abogado también puso el foco en la duración de los procesos y en el derecho a obtener una resolución dentro de un plazo razonable. Una demora excesiva, especialmente cuando una persona permanece privada de su libertad sin sentencia, puede generar consecuencias muy graves para el ejercicio de su defensa.

Las garantías de un juicio justo

Durante la charla, Luqui repasó algunos de los principios fundamentales que deben respetarse en todo proceso penal:

Presunción de inocencia: nadie puede ser considerado culpable antes de una sentencia condenatoria.

Juez imparcial y previamente establecido: la persona debe ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Prueba legal: las evidencias deben obtenerse por medios legítimos, sin recurrir a procedimientos ilegales como la tortura.

Derecho a conocer la acusación: el imputado debe saber con precisión qué hechos se le atribuyen y cuáles son las pruebas existentes.

Plazo razonable: el proceso debe desarrollarse sin demoras injustificadas.

Derecho a recurrir: la sentencia debe poder ser revisada por un tribunal superior en los términos previstos por la ley.

Uno de los puntos centrales de la explicación fue la diferencia entre el derecho penal y otros ámbitos judiciales. Mientras que en un reclamo civil quien sostiene que otra persona le debe dinero debe probarlo, en un proceso penal es el Estado quien tiene la responsabilidad de demostrar que el imputado cometió el delito.

“No es la persona la que tiene que demostrar que es inocente; es el Estado el que tiene que demostrar que cometió el delito”, sintetizó el abogado.

El defensor oficial y el secreto profesional

Luqui también explicó las particularidades de la defensa oficial, ejercida por abogados que trabajan para el Estado y que tienen la responsabilidad de representar a las personas imputadas cuando les corresponde intervenir.

A diferencia de un abogado particular, el defensor oficial no puede elegir libremente qué causas aceptar: debe asumir aquellas que le son asignadas y garantizar la asistencia jurídica correspondiente.

En ambos casos, destacó la importancia del secreto profesional, que protege la información que el cliente transmite a su abogado. Esa confidencialidad resulta indispensable para que las personas puedan confiar en su defensa y explicar con libertad las circunstancias de su situación.

Defender no significa justificar

Para ilustrar la dimensión histórica de esta función, Luqui recordó el caso de John Adams, abogado que defendió en 1770 a soldados británicos acusados de matar civiles durante los acontecimientos de Boston, pese al fuerte rechazo social que generaba asumir esa representación.

Adams, quien años más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos, constituye para el entrevistado un ejemplo de cómo el ejercicio de la defensa puede sostenerse incluso frente a la presión de la opinión pública.

En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de los juicios mediáticos y de las condenas anticipadas que se producen cuando la sociedad considera culpable a una persona antes de que la Justicia haya analizado todas las pruebas.

Luqui señaló que, en algunas oportunidades, incluso quienes conocen un expediente desde adentro pueden escuchar en los medios versiones que no se corresponden con lo que realmente consta en la causa. Esa situación, afirmó, dificulta el trabajo de la defensa y puede influir en la percepción pública de un proceso.

La duda y el derecho a la libertad

En el cierre de la entrevista, el abogado retomó uno de los principios esenciales del derecho penal: la duda debe favorecer al acusado cuando no existe certeza suficiente para condenarlo.

La reflexión se vinculó con una conocida máxima jurídica que sostiene que es preferible que un culpable quede en libertad antes que un inocente sea condenado injustamente.

De esta manera, Luqui remarcó que la función del abogado defensor no consiste necesariamente en conseguir la libertad de una persona a cualquier precio, sino en procurar que el proceso respete todas las garantías constitucionales y que las decisiones judiciales se adopten sobre la base de pruebas legales y suficientes.

La conversación dejó una conclusión central para el espacio Derecho a Saber: el abogado penalista cumple una función esencial en el Estado de Derecho, porque garantiza que incluso frente a los delitos más graves la Justicia actúe con reglas, imparcialidad y respeto por los derechos de todas las personas.