Derecho a Saber: Juan Bautista Luqui explicó cómo se tipifican los delitos y por qué las penas no son iguales en todos los casos

En una nueva entrega del espacio de La Nueva Radio Suárez, el abogado Juan Bautista Luqui abordó distintos principios del Derecho Penal, desde la tipicidad y la determinación de las penas hasta la condena condicional, la tentativa y las condiciones para acceder a beneficios vinculados con la edad.

En el espacio Derecho a Saber, el abogado Juan Bautista Luqui continuó profundizando en el funcionamiento del Derecho Penal y en algunas de las preguntas que habitualmente aparecen en la conversación cotidiana: por qué una persona recibe determinada condena, qué significa que un hecho no esté previsto como delito en la ley o por qué alguien puede ser condenado sin ingresar inmediatamente en prisión.

Para explicar estos conceptos, el profesional recurrió a una historia ocurrida en Buenos Aires en 1881, conocida como el caso de “Los Caballeros de la Noche”.

Cuando un hecho no está previsto en la ley

Luqui relató que, en aquella época, un grupo de personas ingresó al cementerio de La Recoleta, sustrajo el cadáver de Inés Indarte de Dorrego y posteriormente exigió un rescate para devolverlo. El episodio provocó una enorme conmoción social.

Los responsables fueron detenidos y condenados inicialmente a seis años de presidio por robo. Sin embargo, su abogado defensor planteó ante la Cámara que las normas penales vigentes no contemplaban específicamente el robo de un cadáver y que tampoco podía considerarse al cuerpo como una cosa perteneciente a alguien.

El tribunal aceptó el argumento y dispuso la liberación de los acusados.

A partir de esta anécdota, Luqui explicó uno de los principios fundamentales del Derecho Penal: la tipicidad.

“Para que una persona pueda ser condenada, tiene que encajar exactamente en el tema de la ley penal que prevé el delito”, explicó.

Esto significa que una conducta solamente puede ser considerada delito cuando está expresamente contemplada en una norma penal. El juez no puede crear delitos ni extender una figura penal por analogía para perjudicar al acusado.

El abogado comparó esta situación con los juegos infantiles en los que determinadas piezas deben encajar exactamente en sus correspondientes espacios: si la conducta no coincide con lo previsto por la ley, no puede aplicarse una condena penal por ese hecho.

La calificación de los delitos y las penas

Otro aspecto abordado fue la posibilidad de que, durante el desarrollo de una investigación o un juicio, cambie la calificación jurídica de un hecho.

Luqui explicó que una causa puede comenzar bajo la imputación de un delito y, a partir del análisis de las pruebas, terminar encuadrada en otra figura penal. Esto puede ocurrir siempre que la nueva calificación esté contemplada legalmente y se respeten los derechos de defensa del acusado.

También se refirió a la existencia de penas mínimas y máximas para cada delito.

Según explicó, la legislación establece márgenes dentro de los cuales el juez debe determinar la condena, considerando circunstancias como la gravedad del hecho, los antecedentes del acusado, la existencia de premeditación y otras condiciones relevantes.

De esta manera, se busca que la sanción no sea idéntica en situaciones que, aunque puedan encuadrarse dentro de una misma figura penal, presentan características diferentes.

Tentativa y condena condicional

Durante la entrevista, Luqui explicó además qué sucede cuando una persona comienza a ejecutar un delito, pero no llega a consumarlo.

En esos casos, puede aplicarse la figura de la tentativa, que contempla una reducción de la pena respecto del delito consumado, conforme a las reglas establecidas por la legislación penal.

Otro concepto que generó interés fue el de la condena de ejecución condicional.

El abogado señaló que, en determinadas circunstancias previstas por la ley, una persona puede recibir una condena y no ingresar inmediatamente en prisión. Esto no significa que haya sido declarada inocente, sino que el cumplimiento de la pena queda sujeto a determinadas condiciones.

La persona debe respetar las reglas impuestas durante el período correspondiente. Si comete un nuevo delito o incumple las condiciones legales, pueden producirse consecuencias sobre la condena anterior.

La mediación en el ámbito penal

Luqui también mencionó la mediación penal como una herramienta que, en determinados casos, permite acercar a la víctima y al imputado para buscar una solución al conflicto.

Explicó que se trata de un mecanismo que puede contribuir a resolver determinadas situaciones sin llegar necesariamente a un juicio tradicional, aunque sus efectos dependen del tipo de delito y de las condiciones establecidas por la legislación.

En ese sentido, aclaró que un acuerdo no equivale automáticamente a una declaración de inocencia, sino que puede tener consecuencias específicas sobre la continuidad del proceso.

¿Qué sucede cuando una persona tiene más de 70 años?

Uno de los temas que más consultas suele generar es la situación de las personas mayores de 70 años frente a una condena o una detención.

Luqui fue categórico al señalar que cumplir 70 años no significa quedar automáticamente fuera de prisión ni tener garantizada la libertad.

La legislación contempla la posibilidad de otorgar determinados beneficios, pero su aplicación depende de una evaluación judicial y de las circunstancias particulares del caso.

Entre los aspectos que pueden considerarse se encuentran las condiciones de salud, la gravedad del delito, los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación y las características del lugar donde la persona cumpliría una eventual detención domiciliaria.

El abogado remarcó que también debe evaluarse si el domicilio resulta adecuado para garantizar el control de la medida, incluso mediante dispositivos electrónicos cuando corresponda.

La decisión, explicó, corresponde al juez, con intervención de las partes y consideración de las opiniones que legalmente deban ser escuchadas, entre ellas la del fiscal y la víctima.

El juicio de Núremberg y las garantías de los acusados

Para ilustrar la importancia de las garantías judiciales, Luqui mencionó una película reciente sobre los juicios de Núremberg, en los que fueron juzgados jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial.

El profesional destacó las discusiones que se plantearon en torno a la conformación del tribunal, la selección de los jueces y la necesidad de garantizar que los acusados estuvieran en condiciones de comprender el proceso y ejercer su defensa.

También hizo referencia a la intervención de un psiquiatra que entrevistó a los acusados para evaluar su estado mental y su capacidad para afrontar el juicio.

La experiencia, señaló, permite observar hasta qué punto incluso frente a hechos de enorme gravedad se buscó establecer condiciones que garantizaran un proceso judicial adecuado.

Un Código Penal que se modifica con la sociedad

En el tramo final de la charla, Luqui explicó que la legislación penal argentina no se encuentra exclusivamente concentrada en un único cuerpo normativo.

Si bien el Código Penal constituye la referencia central, existen otras leyes que incorporan delitos y sanciones, por lo que el sistema se ha ido modificando a través de diferentes normas a lo largo del tiempo.

El abogado señaló que el Código Penal argentino fue sancionado en 1921 y que, desde entonces, recibió numerosas modificaciones, aunque sin una reforma integral que reorganice completamente su contenido.

Esta dispersión normativa, explicó, genera dificultades para conocer y ordenar todas las disposiciones vigentes.

La conversación permitió así acercar a los oyentes algunos conceptos esenciales del Derecho Penal y comprender que, detrás de cada condena, existe un conjunto de reglas, principios y circunstancias que deben ser analizados.

Una vez más, el espacio Derecho a Saber propuso una mirada sobre la Justicia que va más allá de las opiniones inmediatas: conocer la ley, comprender sus mecanismos y reconocer la importancia de las garantías constituye una herramienta fundamental para interpretar los procesos judiciales.