“Derecho a Saber”: el derecho a una vivienda digna y los límites de la propiedad privada

“Derecho a Saber”: el derecho a una vivienda digna y los límites de la propiedad privada

En una nueva entrega del ciclo “Derecho a Saber”, el abogado Juan Bautista Luqui abordó un tema central en la vida de cualquier persona: el derecho a una vivienda digna, un principio consagrado en la Constitución Nacional, pero que en la práctica muchas veces se torna difícil de alcanzar.

“El derecho a una vivienda digna existe, está claramente reconocido en nuestra Constitución. El Estado debe garantizarlo a través de políticas públicas que permitan el acceso a un techo digno. Pero ese derecho no significa que uno pueda tomar una propiedad por la fuerza o cometer un delito. Es un derecho dentro del marco de la ley”, explicó Luqui.

La obligación del Estado

El abogado señaló que esta responsabilidad abarca a los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal, y que debe materializarse mediante políticas de crédito, construcción o incentivo. “En distintos momentos de nuestra historia se implementaron planes como el Procrear o los créditos UVA. Algunos funcionaron mejor que otros, pero el principio rector siempre debe ser el mismo: garantizar que las personas puedan tener una vivienda digna y estable”, indicó.

Luqui recordó también que el derecho a la vivienda no sólo es una cuestión social, sino un componente esencial de la dignidad humana. “Vivir bajo un techo seguro, con servicios básicos y un entorno habitable es parte del bienestar general que el Estado debe promover”, sostuvo.

Vivienda, alquileres y desalojos

El abogado aclaró que este derecho convive con otro derecho igualmente válido: el derecho de propiedad. “Hay que tener equilibrio. Si bien el desalojo es un derecho de cualquier propietario, debe hacerse dentro de los límites de la ley, con orden judicial y garantizando que la persona pueda defenderse. No existe eso de ‘te doy tres días para irte o te saco’. Eso no pasa, porque ningún juez ordena un desalojo en tres días”, subrayó.

Sin embargo, advirtió que no hay que abusar de las garantías legales. “Borrarse, dejar de pagar o buscar excusas para no entregar una propiedad no es recomendable. Siempre es mejor hablar, explicar la situación y demostrar voluntad de pago. Los jueces valoran mucho eso, y muchas veces se puede llegar a acuerdos que eviten conflictos mayores”, señaló.

Del otro lado, también hay abusos. “Hay propietarios que triplican el alquiler de un año a otro simplemente porque sí, y eso tampoco es justo. La ley busca un punto medio. Si las partes no se ponen de acuerdo, el inquilino puede recurrir a la justicia, depositar el alquiler en una cuenta judicial y plantear la situación de manera formal”, explicó.

Una mirada histórica

Durante la charla, Luqui recordó que en otras épocas las propias empresas y el ferrocarril construían viviendas para sus trabajadores, creando barrios obreros e incluso dando origen a localidades enteras. “Eso se perdió, y por eso hoy el rol del Estado es más importante. Pero podría volver a impulsarse con incentivos: beneficios fiscales o créditos blandos para quienes construyan barrios destinados a empleados o a familias trabajadoras. Es una inversión que genera arraigo y bienestar social”, comentó.

Buscar soluciones posibles

El abogado enfatizó que garantizar el derecho a la vivienda no siempre significa entregar casas o dinero, sino diseñar políticas inteligentes. “El Estado tiene muchas herramientas: puede facilitar créditos, promover inversiones, otorgar beneficios a bancos o empresas que participen en proyectos habitacionales. Hay que copiar lo que funciona en otros lugares y adaptarlo a nuestra realidad”, sostuvo.

Finalmente, destacó que el acceso a la vivienda digna no es un privilegio, sino una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos. “Hay que exigirlo con respeto, con conocimiento y dentro de la ley. Y al mismo tiempo, todos debemos tener responsabilidad y voluntad de cumplir con nuestras obligaciones, porque sólo así se puede construir una sociedad más justa”, concluyó.

El espacio “Derecho a Saber” se emite cada martes y jueves en La Nueva Radio Suárez, con la participación del abogado Juan Bautista Luqui, quien brinda información práctica y accesible sobre temas legales de interés cotidiano.