“Derecho a Saber”: el deber de informar de las autoridades públicas

En una nueva entrega del espacio “Derecho a Saber”, el abogado Juan Bautista Luque abordó un tema esencial en la vida democrática: el derecho que tiene toda persona a acceder a la información pública y la obligación de las autoridades de brindar esa información de manera clara y oportuna.

Luqui explicó que este derecho se encuentra amparado por la Constitución Nacional, que define a la Argentina como un gobierno representativo, republicano y federal, siendo la transparencia de los actos de gobierno una condición fundamental del sistema republicano. “La información es del ciudadano, no del Estado”, remarcó, subrayando que cualquier persona, no solo los periodistas o jueces, puede solicitar información sobre políticas públicas, presupuestos, licitaciones o gastos, sin intermediarios.

El abogado precisó que estos pedidos pueden realizarse con una simple nota dirigida a la autoridad correspondiente —sea presidente, gobernador, intendente u otro funcionario—, detallando qué se desea conocer. Si el pedido no es respondido dentro del plazo legal, el ciudadano puede recurrir a la justicia mediante un amparo por mora, para que un juez obligue a la autoridad a brindar la información solicitada.

Entre los datos que pueden solicitarse figuran presupuestos, salarios, contrataciones, planes de gobierno, estadísticas o declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Sin embargo, aclaró que existen excepciones: “No se puede brindar información sobre causas judiciales en curso, cuestiones que afecten la intimidad de las personas o secretos comerciales legítimamente protegidos”.

Luque destacó que la transparencia no solo beneficia a los ciudadanos, sino también a los propios funcionarios, porque rendir cuentas fortalece la confianza pública. “Cumplir con el deber republicano de informar es rendir cuentas ante la sociedad, que es la que delegó en ellos su representación”, afirmó.

Finalmente, alentó a los vecinos a ejercer este derecho: “Informarse es una forma de participar en la vida pública y de fortalecer la democracia. La gente tiene derecho a saber qué hacen sus autoridades y en qué se invierten los recursos que pertenecen a todos”.