“Derecho a saber” con el abogado Juan Bautista Luqui: violencia familiar y la necesidad de respuestas efectivas del Estado

En una nueva edición del espacio “Derecho a Saber”, el abogado Juan Bautista Luqui abordó un tema tan sensible como urgente: la violencia familiar y de género, un problema que atraviesa a miles de hogares y que, según advirtió, aún no tiene respuestas eficaces por parte del Estado.

“Lamentablemente el Estado no ha sabido dar soluciones integrales a quienes sufren violencia familiar. Hoy existen medidas cautelares inmediatas, como la exclusión del hogar o la prohibición de acercamiento, pero el gran problema es lo que pasa después. ¿Quién controla que esas medidas se cumplan? Esa es la gran falencia”, explicó el abogado.

Luqui recordó que este tipo de episodios, que afectan a mujeres, hombres y también a niños, son competencia de cada provincia. Si bien existen redes para tomar denuncias en comisarías, fiscalías o juzgados, lo cierto es que el acompañamiento posterior a la víctima suele ser insuficiente. “Cuando ya hay antecedentes, el Estado debe actuar con sanciones reales y efectivas para evitar hechos graves. De lo contrario, la víctima queda en un callejón sin salida”, señaló.

En ese sentido, mencionó la experiencia de provincias como Corrientes, donde se avanzó con un código procesal que incorpora medidas más severas: exclusión del agresor del hogar, restricción en el lugar de trabajo de la víctima, sanciones pecuniarias por incumplimiento e incluso la posibilidad de condenar al violento a pagar los gastos del proceso. “No alcanza con un botón antipánico. Si no hay sanciones claras, la reincidencia es casi segura”, enfatizó.

El abogado también subrayó la necesidad de que la justicia esté especializada en estos casos, con equipos interdisciplinarios y herramientas concretas. “Un juzgado de paz muchas veces no tiene cómo afrontar una problemática tan grave. Y la Corte Suprema bonaerense ya tuvo que decirle a una jueza que no podía desentenderse. Pero sin recursos, la respuesta sigue siendo insuficiente”, agregó.

Finalmente, Luqui planteó un aspecto poco explorado: la reparación económica integral. “Nadie habla de los daños y perjuicios. ¿Quién paga la cirugía de una mujer golpeada? ¿Quién se hace cargo del daño psicológico de un niño que crece en un hogar violento? El nuevo Código permite estas acciones, pero aún no se aplican como deberían”, remarcó.

El espacio cerró con un llamado claro: “El rol del abogado es clave para impulsar medidas innovadoras y efectivas. Pero lo más importante es que la víctima se sienta verdaderamente resguardada por la justicia. Una restricción sin control no sirve. Hace falta una protección real y sanciones que eviten la repetición de estos hechos tan graves”.