Ante el estado actual de las rutas muchos se preguntan por qué no se aprobó el Plan Laura

Un estudio técnico dio a conocer que el 70% de las rutas argentinas se encuentra en mal estado. Con la obra pública nacional cortada y las provincias que miran hacia otro lado, la seguridad de los automovilistas se ve cada vez más comprometida. En 1998 tomó forma un proyecto de ley inspirado en una iniciativa del economista y empresario Guillermo Laura. La propuesta planteaba reemplazar el sistema de peajes vigente por una nueva red de autopistas de aproximadamente 10.000 kilómetros de extensión, financiada mediante una tasa de un centavo de dólar por litro de combustible por cada 1.000 kilómetros construidos. El esquema contemplaba una red vial destinada a unir capitales provinciales, mejorar las conexiones con países limítrofes, facilitar el acceso a puertos de ultramar y optimizar los corredores hacia los principales destinos turísticos del país.

Una vez alcanzados los 10.000 kilómetros de autopistas, el aporte de los automovilistas ascendería a 10 centavos por litro de combustible, tanto de nafta como de gasoil, más el IVA correspondiente. De acuerdo con el denominado Plan Laura, las petroleras, encargadas de percibir la tasa, debían depositar esos fondos en bancos fideicomisarios, que los administrarían a cuenta de las empresas adjudicatarias de las obras. Dichas empresas sólo podrían disponer del dinero una vez finalizado el tramo asignado.

De manera complementaria, el proyecto preveía una tasa sustitutiva de dos centavos por litro de combustible para compensar a los concesionarios del sistema de peaje existente, desde el inicio del plan hasta el año 2003. Sin embargo, la iniciativa encontró resistencias por parte del Fondo Monetario Internacional, que advertía sobre el impacto negativo que podría tener en las cuentas fiscales nacionales y el riesgo de un sobrecalentamiento de la economía. Finalmente, el Plan Laura quedó suspendido en el marco de los recortes del gasto público impulsados por el entonces ministro de Hacienda, Roque Fernández, cuando comenzaron a manifestarse los primeros efectos de la crisis internacional.

El resurgimiento

Más de una década después, en 2011, senadores nacionales por la provincia de Mendoza promovieron un nuevo proyecto de ley para la creación del llamado Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre. La iniciativa proponía la construcción de 13.346 kilómetros de autopistas sin peaje, financiadas mediante inversión privada de riesgo, cuya recuperación se realizaría a través de una tasa aplicada al combustible y exigible una vez habilitadas las obras. El aporte previsto era de dos centavos y medio por litro por cada 1.000 kilómetros de autopistas finalizadas. Además, el proyecto contemplaba la rehabilitación de los ferrocarriles nacionales.

En 2012, legisladores de siete provincias, que en conjunto representaban el 62 por ciento de la población del país, volvieron a presentar la propuesta, incorporando un esquema de trazados viales actualizado y adaptado a las nuevas realidades regionales.

Otra iniciativa similar fue impulsada en 2017 por un grupo de diputados del Noroeste Argentino. Este proyecto retomaba los lineamientos centrales del Plan Laura y proponía la creación de un Fondo de Financiamiento Vial, sustentado en aumentos progresivos del precio de los combustibles hasta alcanzar un máximo de 10 centavos por litro de nafta y gasoil, el mismo límite impositivo previsto en el plan original.

Resulta evidente que la idea concebida por Guillermo Laura continúa presente en la agenda de legisladores y representantes de distintos sectores productivos. Todo indica que la propuesta podría volver a debatirse en cualquier momento, impulsada por las necesidades de infraestructura, la generación de empleo a través de la obra pública y, eventualmente, como parte de la plataforma electoral de alguna fuerza política.