Alquileres: qué pueden pactar libremente las partes y cuáles son los límites legales

En una nueva edición del espacio “Derecho a Saber” de La Nueva Radio Suárez, el abogado Juan Bautista Luqui abordó un tema de consulta frecuente: los contratos de alquiler y el alcance de la libertad que tienen las partes para establecer sus propias condiciones.

A partir de ejemplos hipotéticos, explicó que la legislación vigente permite acordar libremente aspectos como el plazo, el precio y la moneda de pago, siempre que lo pactado no vulnere normas de orden público, afecte a terceros o contradiga principios como la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Luqui destacó que, a diferencia de lo que muchas veces se cree, no existe actualmente una obligación general de establecer un plazo mínimo de dos años ni una prohibición de pactar alquileres en dólares u otras modalidades, siempre que exista un acuerdo válido entre las partes.

También se refirió a las garantías, señalando que no hay una razón jurídica para exigir que necesariamente se encuentren en la misma provincia donde se celebra el contrato, ya que pueden ejecutarse conforme a los mecanismos legales correspondientes.

Durante la charla, el abogado remarcó la importancia de diferenciar entre aquellas cuestiones que las partes pueden decidir libremente y las que están protegidas por normas de orden público. En ese sentido, puso como ejemplo que una persona menor de edad no cuenta con capacidad para celebrar por sí sola determinados contratos, aunque las partes involucradas estén de acuerdo.

Asimismo, explicó que las cláusulas abusivas pueden ser cuestionadas especialmente cuando no existió una verdadera negociación o cuando una de las partes se encontraba en una situación de presión o vulnerabilidad.

Finalmente, Luqui sostuvo que la normativa actual busca devolver protagonismo a la voluntad de las partes, permitiendo que propietarios e inquilinos puedan encontrar acuerdos que se adapten a sus necesidades, sin quedar sujetos a antiguos mitos o limitaciones que ya no se encuentran vigentes.

“Derecho a Saber” continúa así acercando información jurídica a la comunidad para ayudar a comprender los derechos y obligaciones que surgen de los distintos contratos.