Juan Azpitarte analizó la reforma de la Ley de Salud Mental y consideró positivo que se fortalezca el rol del médico

El médico psiquiatra fue entrevistado por La Nueva Radio Suárez y se refirió a los principales cambios que contempla el proyecto que deberá debatir la Cámara de Diputados. Valoró especialmente las modificaciones en los criterios de internación involuntaria y la posibilidad de habilitar nuevamente instituciones monovalentes, aunque aclaró que todavía resta conocer el texto definitivo y su reglamentación.

El médico psiquiatra Juan Azpitarte brindó su mirada sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, cuyo proyecto, tras obtener media sanción en el Senado, deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Consultado por La Nueva Radio Suárez, consideró que, en términos generales, los cambios propuestos resultan positivos. No obstante, aclaró que no tenía presente en detalle todos los puntos incorporados en la media sanción y estimó que el texto podría sufrir nuevas modificaciones durante el debate legislativo.

Uno de los aspectos que destacó fue la recuperación del protagonismo del médico en las decisiones vinculadas con la atención y la internación de pacientes. Según explicó, la legislación vigente establece un procedimiento que, a su entender, resulta excesivamente burocrático y limita la posibilidad de actuar con rapidez ante determinadas situaciones.

“Una ley que le daba más autoridad a un juez que a un médico no ha resultado para nada útil en el tratamiento de los pacientes”, sostuvo. En ese sentido, planteó que las decisiones relacionadas con una enfermedad deben contar con el criterio de los profesionales de la salud, especialmente cuando existe una situación que requiere una intervención urgente.

Azpitarte relató que fue testigo de casos en los que pacientes con alteraciones importantes de su estado de conciencia no recibieron la atención que necesitaban, debido a las dificultades para concretar una internación. Consideró que los procedimientos no deberían impedir una respuesta médica oportuna.

Cambios en los criterios de internación involuntaria

Entre los principales puntos de la reforma, el profesional mencionó la modificación de los criterios para disponer una internación involuntaria.

De acuerdo con su explicación, el proyecto reemplaza el requisito de acreditar un “riesgo cierto e inminente” por la existencia de un riesgo para la propia persona o para terceros. A su entender, esto permitiría ampliar la posibilidad de intervención ante situaciones que requieren atención, sin tener que esperar a que el peligro alcance una instancia extrema.

También destacó que, según el texto con media sanción, la decisión inicial podría quedar a cargo de un médico —preferentemente psiquiatra— y un psicólogo, con la presentación posterior de la documentación correspondiente. De esta manera, el procedimiento dejaría de depender de una autorización judicial previa en los términos que cuestiona de la normativa vigente.

“Lo importante es que define la enfermedad hacia el médico”, expresó, al considerar que el conocimiento específico de los profesionales debe tener un lugar central en estas decisiones.

El psiquiatra también se refirió a la posibilidad de realizar consultas profesionales a distancia mediante herramientas digitales, una alternativa que contempla el proyecto y sobre la que manifestó algunas reservas.

La posibilidad de habilitar nuevamente clínicas psiquiátricas

Otro de los cambios relevantes es la eliminación de las restricciones que actualmente pesan sobre la creación de nuevos establecimientos monovalentes, es decir, instituciones especializadas en salud mental, como las clínicas psiquiátricas.

Azpitarte valoró esta posibilidad y explicó que, según su interpretación del proyecto, esos establecimientos podrían volver a habilitarse, principalmente en el ámbito privado. En el caso del sistema público, las internaciones continuarían realizándose en hospitales generales.

Además, señaló que la reforma eliminaría el procedimiento que actualmente contempla una evaluación inicial de cinco días en un hospital general antes de una eventual derivación a una clínica especializada.

El profesional rechazó las objeciones que plantean quienes advierten sobre un posible regreso a un modelo de encierro y sostuvo que la existencia de instituciones especializadas no debería confundirse con la falta de atención o de derechos para los pacientes.

De todos modos, reconoció que todavía habrá que conocer cómo quedarán redactadas las disposiciones definitivas y de qué manera se implementarán.

El valor del abordaje interdisciplinario y del entorno familiar

Si bien Azpitarte hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el papel del médico, también consideró fundamental el aporte de otros profesionales que intervienen en la atención de las personas con padecimientos de salud mental.

En particular, resaltó la función del trabajador social, a quien definió como una figura indispensable para evaluar la realidad familiar, económica y habitacional del paciente, así como las posibilidades de acompañamiento durante una internación y luego del alta.

“Es importantísimo el trabajador social”, afirmó. Explicó que no alcanza con evaluar la enfermedad desde el punto de vista clínico, sino que también es necesario conocer quiénes podrán acompañar a la persona, qué recursos tiene disponibles y cuáles son las condiciones en las que continuará su recuperación.

En esa línea, sostuvo que el equipo interdisciplinario debe conservar su participación y que la mirada social resulta determinante para pensar un tratamiento adecuado y sostenido.

Salud mental, prejuicios y acceso a la atención

Durante la entrevista, Azpitarte también planteó su preocupación por el lugar que ocupa la salud mental en la sociedad y por los prejuicios que, según consideró, todavía existen alrededor de la psiquiatría.

Señaló que muchas personas llegan a la consulta psiquiátrica después de haber recorrido distintas especialidades y otras instancias de atención. A su entender, la especialidad todavía enfrenta dificultades de reconocimiento y una percepción social que puede demorar el acceso a un tratamiento.

Asimismo, mencionó la problemática del suicidio y sostuvo que la salud mental requiere mayor atención y formación social. Consideró que comprender estas enfermedades demanda herramientas específicas y que no deberían minimizarse ni abordarse desde prejuicios.

Consultado por los cambios relacionados con el uso de medicamentos, indicó que el proyecto mantiene la disposición que establece que los psicofármacos deben utilizarse con finalidad terapéutica y no como castigo. Sin embargo, cuestionó que ese tipo de aclaraciones tenga que estar expresamente incorporado en una ley, por considerarlo un principio básico de la práctica médica.

Finalmente, Azpitarte insistió en que sus apreciaciones se refieren al texto que cuenta con media sanción y que todavía no constituye una norma definitiva. “Hoy lo que hablamos son expresiones de deseo, más que nada, y con lo que tenemos, que es casi un borrador”, aclaró.

La discusión continuará en la Cámara de Diputados y, si la reforma resulta aprobada, todavía quedará pendiente la elaboración de su decreto reglamentario, instancia que será determinante para conocer cómo se aplicarán concretamente los cambios.