Preocupación en Coronel Pringles por la permanencia de Alberto del Valle detenido en una comisaría

La detención de Alberto del Valle, quien permaneció prófugo durante más de 15 años tras una denuncia por abuso sexual contra una niña de 11 años, generó una fuerte repercusión en Coronel Pringles, donde actualmente permanece alojado en una comisaría. 

En diálogo con La Nueva Radio Suárez, la periodista María Rosa Luna explicó que el hombre fue detenido días atrás en Florencio Varela y que, ante la falta de una condena firme, distintos establecimientos penitenciarios se negaron a recibirlo. 

La causa por el abuso, que incluyó un embarazo producto de la agresión y un intento de aborto forzado, habría prescripto, según lo expresado por sus abogados, por lo que actualmente su detención se vincula con una causa relacionada con el incumplimiento del pago de alimentos.

Según la información publicada recientemente sobre el caso de Alberto Martín Del Valle, la jueza de Garantías Claudia Olivera había considerado que la acción penal por el abuso sexual estaba prescripta. El fundamento era que, para ese delito, se habría cumplido el plazo de prescripción de 12 años, que habría vencido en 2021/2022 según el cómputo realizado.

Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca revocó esa decisión por el momento. Los camaristas señalaron que todavía faltaban elementos —entre ellos documentación dactiloscópica— para determinar si durante el período de prescripción Del Valle había cometido otro delito. Si hubiera cometido un delito que interrumpiera el plazo, la prescripción podría no corresponder.

Además, la defensa presentó un hábeas corpus solicitando su liberación, precisamente sosteniendo que el abuso sexual ya estaba prescripto. Pero existe otra causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por la cual podría continuar detenido aun si prosperara el planteo relacionado con el abuso.

Luna señaló que la presencia de Del Valle en Pringles generó rechazo, aunque aclaró que la movilización registrada frente a la comisaría fue protagonizada principalmente por familiares y allegados de la víctima. 

“La ley obliga” a la Policía a garantizarle alimentación, atención médica y las condiciones de alojamiento correspondientes, explicó la periodista, quien también remarcó la preocupación de la comunidad ante la posibilidad de que el hombre pudiera recuperar la libertad y permanecer en la localidad. 

La hermana de la víctima, actualmente abogada, tuvo un papel central durante todos estos años en la búsqueda de justicia y en el seguimiento de la causa. Para Luna, el caso vuelve a poner en discusión la necesidad de revisar las herramientas legales frente a delitos de esta gravedad y, fundamentalmente, de brindar respuestas más rápidas a las víctimas y sus familias.