Juan Bautista Luqui en “Derecho a Saber” explicó los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de superar prejuicios

En una nueva entrega del espacio “Derecho a saber”, el abogado Juan Bautista Luqui abordó una temática que, en algún momento de la vida, atraviesa a muchas personas y familias: la discapacidad. Desde una mirada legal y también profundamente humana, habló sobre los derechos garantizados por la ley, las trabas sociales que persisten y la importancia de incorporar a las personas con discapacidad en la vida laboral y social sin discriminación.

“El primer problema que aparece es definir qué es la discapacidad”, explicó Luqui. Según la legislación vigente, se considera discapacitada a cualquier persona que sufra una alteración funcional, permanente o prolongada, de carácter físico o mental. Sin embargo, esto no siempre se comprende fácilmente a nivel social. “Hay condiciones que no se ven y también son discapacidad. La mirada social muchas veces no coincide con lo que establece la ley”, apuntó.

Luqui recordó su experiencia personal al haber empleado durante cinco años a una joven con síndrome de Down. “Pensé que no sabía hacer nada y terminó desempeñando 35 tareas en un registro automotor. Ahí uno se da cuenta de las enormes barreras que nos ponemos los que no tenemos discapacidad”, expresó. Insistió en que no se trata de personas con menos derechos ni con menos capacidades: “Todos deben recibir el mismo trato y el prejuicio es una de las barreras más difíciles de superar”.

En relación a los derechos concretos que contempla la ley, el abogado explicó que las personas con discapacidad tienen acceso garantizado a la educación, la salud, el transporte y a todas las necesidades vinculadas a su condición, sin ningún tipo de costo. “Los jueces lo han dejado en claro en infinidad de fallos: todo debe ser cubierto, desde medicamentos hasta traslados. Lo lamentable es que muchas veces las familias deben iniciar acciones judiciales para lograrlo”.

Uno de los ejes de la entrevista fue el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que emite el Ministerio de Salud, y cómo se complementa con una instancia judicial. “El certificado reconoce la discapacidad, pero no determina las capacidades de la persona. Para eso existe el proceso de capacidad, en el cual un juez evalúa, con asistencia médica, qué cosas puede o no puede hacer esa persona. Ya no se habla más de insania, sino de capacidad jurídica con apoyos”.

Este procedimiento, que busca proteger a la persona, puede determinar por ejemplo si puede manejar, votar, abrir una cuenta bancaria o firmar contratos. Además, en los casos que corresponda, se designa un curador legal que actúe como representante en actos civiles.

Respecto al tiempo que demoran los reclamos judiciales, Luqui explicó que los amparos por discapacidad suelen tener una resolución rápida. “Los jueces tienen plazos abreviados: por ejemplo, para una medida cautelar deben decidir en 24 horas. Con una presentación adecuada y un certificado médico, la respuesta suele ser rápida y efectiva”.

Durante la charla, compartió también ejemplos de inclusión laboral, como el restaurante “A la Mesa” en Buenos Aires, que emplea exclusivamente a personas con neurodivergencias y tiene lista de espera de un año. “Es una muestra clara de que hay muchas formas de integrar a las personas con discapacidad a la vida laboral, social y económica”, destacó.

En cuanto a la legislación laboral, Luqui recordó que el Estado debe cumplir con un cupo del 4% de personas con discapacidad en su plantel, aunque lamentablemente no se cumple en la mayoría de los casos. “No hay sanciones ni funcionarios que hagan cumplir esa norma, pero está y debe respetarse”, afirmó.

Para concluir, remarcó que los reclamos más frecuentes están vinculados al acceso a la salud, pero también hay muchos otros derechos que pueden ser vulnerados, como la inclusión, la no discriminación, la accesibilidad y la participación en la sociedad. “No se puede condenar al olvido a una persona con discapacidad. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir a una sociedad con igualdad real de oportunidades”, afirmó.

Con claridad, compromiso y empatía, Juan Bautista Luqui dejó en claro que el respeto a los derechos de las personas con discapacidad no es una concesión, sino una obligación jurídica y moral. Una conversación necesaria para entender, informar y, sobre todo, actuar.