Gitanos: una cultura que desafía los límites del delito.

“Lamentablemente hay un ataque mediático contra los gitanos, se los está difamando mucho en la televisión y las tradiciones que inventan no son reales”.

Jorge Bernal, como presidente de la Asociación Identidad Romaní Aicra-Skokra en la Argentina, representa el sentimiento de esa comunidad.

Siente que los discriminan, que meten a todos en la misma bolsa.

En la Argentina hay más de 300 mil gitanos. Las mayores concentraciones se encuentran en la Capital, Gran Buenos Aires, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia, aunque están por todos lados.

Son los Rom, que proceden de Rusia, Grecia y Moldavia y hablan la lengua original; los Calé, llegados desde España y los Ludar, de Rumania y Serbia.

Entre tradiciones, creencias, mitos y verdades está la realidad, que apunta a la existencia de delitos graves, como matrimonios forzados o explotación infantil.

Después del promocionado caso de Coronel Suárez y el reciente operativo en la Estación Sud -donde un hombre frustró la "venta" de su hija-, la Fiscalía Federal de Bahía Blanca avanza con una causa que busca esclarecer determinadas conductas gitanas.

Testimonios, documentación, pruebas de campo y tareas de inteligencia que se reunieron en los últimos días llevaron a los investigadores a internarse en una problemática que limita entre la cultura y la ilegalidad.

En Bahía, según dicen, existen dos grandes grupos de gitanos, uno que está afincado en el sector Noroeste/Villa Rosas y el otro en la zona alta, sobre el barrio Don Bosco.

Buscan a otra menor “vendida”

Como integrantes del clan que vive en cercanías del Hospital Penna, una hermana de la chica de 15 años "rescatada" en la terminal ferroviaria -cuando la auxilió su padre no gitano, a quien no veía hace más de una década- ya había sido vendida como parte de un contrato matrimonial impuesto.

La madre, la abuela y el marido de la abuela de las dos menores -no se los identifica para preservar la identidad de las chicas- siguen detenidos, a la espera de que la jueza María Gabriela Marrón resuelva la situación procesal.

Se los investiga por el intento y por el caso consumado, que por ahora no pudo ser esclarecido porque aún no saben qué destino tuvo la víctima.

Creen que la abuela era una especie de líder de la organización del grupo del barrio Don Bosco, donde un allanamiento permitió el secuestro de dinero, celulares, documentación y cuadernos con anotaciones.

¿Qué se estableció con el cuadro probatorio reunido? que las chicas son preparadas para ser entregadas en su adolescencia a matrimonios forzados y que los chicos mendigan o se dedican a la venta ambulante en las calles. Son como 20 menores en ese grupo. Y todo lo recaudado lo administra "la abuela".

Los ingresos, al menos hasta el escándalo que permitió las detenciones en la Estación, eran suculentos. Por una menor virgen han llegado a pagar hasta 300 mil pesos. Algunos de los “compradores” abonaban todo en efectivo y otros, el 50% con billetes y el resto con un vehículo u otros bienes.

“Existe una negociación y un acuerdo entre las partes”, ratificó uno de los investigadores que analizó las pruebas.

Los varones también generan recaudaciones asombrosas: algunos días de verano han logrado sumar hasta 5.000 pesos cada uno, con la venta de repasadores, apósitos, medias o utensillos de cocina. O pidiendo a la salida de bares y restaurantes.

"Es una estructura bien organizada", dijo otro vocero de la fiscalía a partir de los testimonios recolectados.

“No vamos a permitir que se cometan delitos”

El fiscal Horacio Azzolín -quien reemplaza a su par Alejandro Cantaro (está de licencia)- se encuentra a cargo de la investigación de posibles delitos en torno a la comunidad gitana.

"Sabemos cuáles son las pautas culturales y las respetamos, pero no vamos a permitir que, disfrazado de una pauta cultural, se cometan delitos", sostuvo.

Confirmó Azzolín que trabajan en la hipótesis de un matrimonio forzado consumado y otro en grado de tentativa (el de la Estación), en perjuicio de dos hermanas.

"Estamos analizando esta cuestión, aparentemente cultural, de los matrimonios arreglados con chicos muy chicos, para saber si se puede constituir una modalidad de trata de persona. Al menos en un caso tenemos probado que la chica no tenía la voluntad de asumir ese rol, más allá de que es menor", dijo.

La prueba que se está acumulando en Bahía servirá para la denominada causa Coronel Suárez, que derivó en una serie de allanamientos en junio pasado, permitió rescatar a dos menores "vendidas" supuestamente por gitanos y derivó en la detención de varias personas.

“Una causa nos nutre a la otra; estamos ante el mismo contexto, no son hechos aislados”, aseguró el fiscal.

Capuletos, Montescos, realidad y ficción

El límite entre cultura y delito es lo que deben definir los investigadores para avanzar con la acusación penal.

Pueden existir tradiciones reñidas con la costumbre occidental cristiana, que se adviertan como extrañas, pero que no necesariamente configuren una acción delictiva.

“Una cosa es pautar matrimonios, con voluntad de casarse a futuro...Capuletos y Montescos, como Romeo y Julieta, y otra es cuando casan a chicos sin tener consentimiento, con abusos sexuales. Se entregan a chicos como si fueran vehículos”, explicó Azzolín.

En ese sentido dejó en claro que, al vivir en nuestro territorio nacional, deben respetar la ley Argentina.

“Cuando se fuerza un matrimonio con una menor en el medio, con un pago disfrazado de dote, dejamos de lado las pautas culturales y hablamos de delito”, remarcó.

Acerca del operativo en la terminal de trenes, informó que esperan que los 3 sospechosos están detenidos en la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal.

Existe un pedido de excarcelación de las defensas al que se opuso la fiscalía y, en el caso de la madre de la menor rescatada, que está embarazada, solicitaron una morigeración de la detención -bajo la figura de arresto domiciliario-, aunque la jueza Marrón aguarda determinados informes socioambientales para decidir.

El fiscal federal también fue consultado sobre otros delitos en este marco, como la mendicidad infantil.

“En ese caso venía trabajando la Municipalidad con parte de la comunidad, es lo que se conoce a posteriori del operativo que hicimos. No hemos imputado a nadie en concreto porque estamos en plena investigación, juntando antecedentes para saber si es solo una cuestión de trabajo infantil, que algunos aspectos del Código la mantiene impune, o es directamente una explotación”, afirmó.

Una "novela" que empezó en la región

El controvertido desenvolvimiento cultural de los gitanos se hizo visible en nuestra región a mediados de año, cuando en Coronel Suárez se realizaron distintos allanamientos que permitieron rescatar a dos hermanas -una aún menor- que fueron víctimas de trata.

Sus padres fueron detenidos bajo la acusación de venderlas y también cayeron los presuntos "compradores", entre ellos el árbitro de fútbol Daniel Eduardo Sandoval y el gitano Ramón Singer, quien falleció hace unos días mientras estaba detenido en la cárcel de Ezeiza.

Durante una audiencia que tuvo lugar ante la Cámara Federal de Bahía Blanca estuvo presente "M", la "esposa joven" de Sandoval, quien reclamó por su libertad, pese a que para la ley es víctima de su marido.

Sandoval estaba "casado" con "M" desde que ella tenía 13 años y él 45. Comparten una hija de 4 y hasta pocos días antes del operativo la apariencia de una familia normal, con fotos en las redes sociales de cumpleaños y vacaciones en la playa.

"Y", de 17 años y hermana de "M", estuvo a punto de correr la misma suerte, aunque dos denuncias anónimas al teléfono 145 (Programa Nacional de Rescate de víctimas de trata) y su resistencia al servilismo alertaron a las autoridades.

Los padres iban a cobrar iban a cobrar 50 mil pesos y dos camionetas, según una hipótesis de la investigación.

El caso de "M" fue distinto. Dicen que su padre la "cedió" a cambio de que le instalaran una gomería "con todos los chiches".

"Le entregaron la piba a Sandoval porque el padre de la chica quería poner una gomería y así la puso, con muchas herramientas", confiesa una vecina que conoce a todos y habla de los "negocios" como si no hubiera personas entre la mercancía.

Para ellos, solo se trata de costumbres

Familiares de "la abuela", la gitana detenida por el caso de la Estación Sud, remarcaron que no existen delitos sino costumbres.

"Somos gitanos, pero vivimos en la Argentina y se hace lo que dice la ley, pero hay que ser justos", comenzó diciendo una de ellas, durante una reciente entrevista con Canal 7.

Sostuvo que en nuestra ciudad viven muchas familias del mismo origen.

"Acá hay en todos lados. En el empedrado (por la avenida Arias), Noroeste, La Arcada y en Punta Alta".

Del mismo modo cuestionaron el accionar de la justicia.

"Que vayan a agarrar a los pibitos que están pidiendo y vendiendo en el centro, y vayan a buscar a esos padres, que son los que andan en las carpas", señalaron.

También negaron la versión de que se pretendía vender a la menor de edad rescatada, al justificar que se trata de "una tradición".

"Por ejemplo, dos personas se conocen y mi mamá va a hablar con tu papá o la persona que esté a tu cargo para hacer el compromiso.

Vos tenés que dar una dote, para asegurar que esa familia no te moleste. Es feo lo que voy a decir, pero es como comprar un auto", comparó.

Desde el momento de la "transacción", la chica pasa a "pertenecer" a la familia del novio.

"Es por eso que se paga, como esa costumbre tenemos miles. Se arregla de acuerdo a cuánto se pagó el ultimo gitano”, continuó una de ellas.

Por último, destacó que también tienen la costumbre de la venta callejera o ambulante para "ganarse el mango dignamente".

"Cuántos vendedores hay en Bahía y no son gitanos”, finalizaron.

Un equipo especial trabaja con 45 familias

La subsecretaria de Promoción de los Derechos Humanos del municipio de Bahía Blanca, Letizia Tamborindeguy, aseguró que desde hace un tiempo vienen trabajando con 45 familias de origen gitano que residen en nuestra ciudad, entre ellas la que integran las tres personas detenidas días atrás en la Estación Sud, cuando, al parecer, se frustró la “venta” de una menor de edad.

¿Qué pasó con la adolescente rescatada?: “A modo de protección, se determinó una medida de abrigo sobre la pequeña en una de nuestras instituciones”, explicó la funcionaria.

“La investigación del delito corre por cuenta de la fiscalía y la justicia federal, nosotros estamos dándole contención en una entidad abierta, esperando algunas cuestiones de resolución judicial y viendo algún vínculo familiar que sea potable para que no tenga que estar en un hogar”, agregó.

Tamborindeguy dijo que “con la familia veníamos trabajando hace mucho, por el tema del trabajo infantil y demás”.

En este sentido, mencionó que la comuna cuenta con un equipo denominado de protección y promoción de los derechos de la comunidad gitana.

Señaló que llevan adelante un trabajo coordinado con los grupos que están identificados en nuestro medio: por un lado el que se encuentra en la zona de los barrios Don Bosco y 9 de Noviembre y, por otro, en el sector de Noroeste/Villa Rosas.

“Los ayudamos en la incorporación de los chicos a la escuela, por ejemplo”, explicó.
Muchos de los menores d ese origen estaban indocumentados y el municipio colaboró en la realización de los trámites para que obtengan el DNI.

“Se hicieron más de 25 gestiones de este tipo”, afirmó Tamborindeguy.

También comentó que llevaron adelante un convenio con la Comisión Provincial para la Prevención del Trabajo Infantil, a fin de trabajar con proyectos enfocados en lo local.

“Tenemos dos comisiones que se formaron en función de la demanda más necesaria de intervención, que era la comunidad gitana y las ladrilleras”.

En este sentido, sostuvo que esta problemática no puede ser aceptada por el simple hecho de invocar tradiciones, creencias o costumbres.

“Lo que están haciendo es ilegal. Quizás nunca se logró hacerles entender, por esa cuestión cultural que alegan, que más allá de que el trabajo infantil está prohibido, los niños corren riesgos”, sostuvo.

La subsecretaria, incluso, explicó que los mismos nenes ven esa situación “como una cuestión de mandato, ni siquiera lo advierten como un hecho de vulneración de derechos”.

“Independientemente de las diferencias culturales, acá hay una ley que aplica para todos y el trabajo infantil no es una cuestión cultural. Está penado”, agregó.

Finalmente, Tamborindeguy resaltó que se está haciendo un buen trabajo y han logrado incorporar a escuelas o talleres municipales a una importante cantidad de chicos pertenecientes a estas comunidades.

Fuente: La Nueva.