08/10/2017JUSTICIA

Quieren multar con $ 25.000 a los padres de los chicos que realicen amenazas de bomba.

El mes pasado la Provincia gastó más de $ 60 millones en operativos.

En el último mes la provincia de Buenos Aires gastó unos 60 millones de pesos por los operativos que se hicieron debido a las 2.400 falsas amenazas de bomba que hubo en las escuelas, por lo que las autoridades reclaman que los padres de los alumnos que hacen los llamados intimidatorios son los que se tienen que hacer responsables de esos costos.

Así el Gobierno provincial busca sancionar con una multa de unos 25 mil pesos, que es el equivalente a lo que se gasta en cada operativo que se activa ante una amenaza de bomba, a los padres o tutores de los menores que realicen la intimidación a la institución.

"Una amenaza de bomba no es una broma, es un delito", dijo el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, quien indicó que: "Se trata de un acto de intimidación pública penado por la ley".

En declaraciones a la prensa, el ministro explicó que "ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona".

Trascendió que entre el 1 de septiembre y el último 4 de octubre hubo más de 2.400 casos en la Provincia y, sólo durante ayer, unos 200 se denunciaron.

"Los costos que generan los operativos deberán ser cubiertos por las demandas", explicaron voceros del gobierno provincial en diferentes medios con el objetivo que se trate de concientizar tanto a los padres como a los estudiantes para que se terminen las falsas amenazas.

En las últimas horas, se conoció que una mujer de 40 años quedó demorada en su casa del partido bonaerense de Ituzaingó, ya que se sospecha que sus dos hijos, menores de edad realizaron el pasado 15 de septiembre una amenaza de bomba a la Escuela N° 19 de Morón.

Tras una investigación realizada, efectivos policiales localizaron a los chicos que habrían concretado la amenaza desde un celular y así fue como demoraron a la madre, quien es la persona que se debe responsabilizar por ellos.

Además de la aprehensión de la mujer, los efectivos de la DDI de Morón secuestraron un teléfono celular en la casa que habría sido el utilizado en el hecho.

La causa que fue caratulada como "intimidación pública" está siendo investigada en la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Morón.

"Una amenaza implica el movimiento de bomberos, de personal de antiexplosivos, de las ambulancias, se pierden las clases y el temor que genera en los niños", indicó la fiscal de Morón, Daniela Barroso, quien se encuentra a cargo de las causas por falsas amenazas de bomba en ese distrito.

En declaraciones al canal de noticias TN la fiscal expresó: "Esto no es un chiste es algo grave y afecta a todas las instituciones".

Al ser consultada sobre la autoría y el motivo con el que se realizan las amenazas, la fiscal dijo que se dan "por un efecto dominó" y que "no puedo decir que tengan un trasfondo político", porque "hasta ahora lo que tenemos chequeado es que son adolescentes aislados".

En tanto, este sábado la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al tema de las amenazas en las escuelas y dijo que se trata de "algo muy serio", y que si alguien profiere una amenaza de bomba en un colegio, "va a tener consecuencias penales, y en algunas provincias las consecuencias las tendrán los padres".

"Tomamos una decisión de política criminal: si una persona que amenaza al Presidente o a una escuela, debe haber consecuencias, porque corta clases, le produce gastos al Estado y genera una sensación de incertidumbre y miedo en la población", señaló Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

Y agregó: "Se van a abrir causas por daños, lo que significa que van a tener que devolver al Estado aquel gasto que el Estado produjo por tener que ir con Bomberos y equipos de explosivos".

Este viernes se conoció que un profesor de la Escuela Nacional de Quilmes fue demorado en su casa por orden de la UFI N°6 de ese distrito que investiga una causa por una falsa amenaza de bomba que fue realizada el pasado 1 de septiembre en esa institución.

Fuente: NA