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24/04/2017 • NACIONALES
Expulsión de inmigrantes que delinquen: el Gobierno pidió ayuda a la Justicia para agilizar el proceso
Funcionarios de tres ministerios se reunieron con 50 magistrados para pedirles que aceleren los trámites para aportar información sobre extranjeros con causas judiciales
En una clara estrategia tendiente a profundizar el endurecimiento de la política migratoria, el Gobierno exigió a un nutrido grupo de jueces y fiscales que colaboren y aceleren los trámites para poner en práctica el decreto que Mauricio Macri firmó en enero pasado por el que dispone, entre otras cosas, la expulsión de los inmigrantes que hayan cometido delitos.
Durante una reunión que mantuvo el gobierno con 50 jueces y fiscales federales y de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio del Interior, el de Seguridad y el de Justicia instaron a los referentes del Poder Judicial a agilizar los procedimientos para aportar información de los inmigrantes con causas judiciales pendientes. Además, pidieron armar en el futuro un sistema que agilice esta búsqueda de casos concretos de extranjeros en condiciones de ser expulsados del país como lo prevé el decreto migratorio.
"Nadie quiere expulsar a personas extranjeras que no hayan cometido delitos. Acá no habrá caza de brujas. Lo que se busca es cumplir con la ley y aquellos inmigrantes que hayan cometido delitos no sigan estando en la Argentina", expresó a Infobae un encumbrado funcionario que la semana pasada formó parte del encuentro.
La reunión para poner en marcha el decreto migratorio estuvo liderada por el director de Migraciones, Horacio García; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, y el secretario de Justicia, Santiago Otamendi. También fueron de la partida el director Nacional de Reincidencias, José Guerrero; los directivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y funcionarios de otros ministerios.
Por el lado del Poder Juicial estuvieron 50 jueces y fiscales entre los que se destacaron magistrados del fuero Penal Económico, del Contencioso Administrativo, de la Cámara Criminal Federal y jueces y fiscales de San Isidro, Lomas de Zamora, San Martín, Campana, Quilmes, Avellaneda y La Plata, entre otros.
Según pudo saber este medio, entre los reclamos que planteó el Gobierno figuraron al menos dos aspectos: por un lado, la necesidad de que los jueces colaboren con el aporte de información de todos los extranjeros que tienen causas judiciales con condenas y, a su vez, agilizar los procedimientos para llevar adelante las expulsiones de inmigrantes que hayan cometido delitos.
Para el Ejecutivo resultará clave armar una base de datos unificada con todos los extranjeros que hoy tienen causas judiciales pendientes, que están condenados o que iniciaron un proceso judicial. Es que los magistrados no tienen una cifra certera de esta magnitud de la problemática.
"Necesitamos armar un sistema de base de datos para saber cuántos inmigrantes realmente han cometido delitos y cuántos de ellos están en condiciones de ser expulsados", reflexionó ante Infobae un funcionario que estuvo en la reunión con los jueces. Se estima que hoy hay un 6% del padrón global de presos de la Argentina que están en estas condiciones de extranjeros con condenas. Aunque en el gobierno estiman que esa cifra podría ser mayor.
Por otra parte, se acordó la conformación de mesas de trabajo entre jueces, fiscales y el Poder Ejecutivo que se empezarán a desarrollar el 17 de mayo en la Dirección de Migraciones para poder avanzar con el decreto. Estas mesas de trabajo se extenderán más adelante en Mendoza, Rosario y Córdoba.
Fuente: Infobae.
Durante una reunión que mantuvo el gobierno con 50 jueces y fiscales federales y de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio del Interior, el de Seguridad y el de Justicia instaron a los referentes del Poder Judicial a agilizar los procedimientos para aportar información de los inmigrantes con causas judiciales pendientes. Además, pidieron armar en el futuro un sistema que agilice esta búsqueda de casos concretos de extranjeros en condiciones de ser expulsados del país como lo prevé el decreto migratorio.
"Nadie quiere expulsar a personas extranjeras que no hayan cometido delitos. Acá no habrá caza de brujas. Lo que se busca es cumplir con la ley y aquellos inmigrantes que hayan cometido delitos no sigan estando en la Argentina", expresó a Infobae un encumbrado funcionario que la semana pasada formó parte del encuentro.
La reunión para poner en marcha el decreto migratorio estuvo liderada por el director de Migraciones, Horacio García; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, y el secretario de Justicia, Santiago Otamendi. También fueron de la partida el director Nacional de Reincidencias, José Guerrero; los directivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y funcionarios de otros ministerios.
Por el lado del Poder Juicial estuvieron 50 jueces y fiscales entre los que se destacaron magistrados del fuero Penal Económico, del Contencioso Administrativo, de la Cámara Criminal Federal y jueces y fiscales de San Isidro, Lomas de Zamora, San Martín, Campana, Quilmes, Avellaneda y La Plata, entre otros.
Según pudo saber este medio, entre los reclamos que planteó el Gobierno figuraron al menos dos aspectos: por un lado, la necesidad de que los jueces colaboren con el aporte de información de todos los extranjeros que tienen causas judiciales con condenas y, a su vez, agilizar los procedimientos para llevar adelante las expulsiones de inmigrantes que hayan cometido delitos.
Para el Ejecutivo resultará clave armar una base de datos unificada con todos los extranjeros que hoy tienen causas judiciales pendientes, que están condenados o que iniciaron un proceso judicial. Es que los magistrados no tienen una cifra certera de esta magnitud de la problemática.
"Necesitamos armar un sistema de base de datos para saber cuántos inmigrantes realmente han cometido delitos y cuántos de ellos están en condiciones de ser expulsados", reflexionó ante Infobae un funcionario que estuvo en la reunión con los jueces. Se estima que hoy hay un 6% del padrón global de presos de la Argentina que están en estas condiciones de extranjeros con condenas. Aunque en el gobierno estiman que esa cifra podría ser mayor.
Por otra parte, se acordó la conformación de mesas de trabajo entre jueces, fiscales y el Poder Ejecutivo que se empezarán a desarrollar el 17 de mayo en la Dirección de Migraciones para poder avanzar con el decreto. Estas mesas de trabajo se extenderán más adelante en Mendoza, Rosario y Córdoba.
Fuente: Infobae.
